Aumentando mi implicación personal e intentando buscar más haya del activismo de las redes sociales, he decidido presentarme a las primarias de Ahora en Común Cantabria al Congreso.
Estos poco días de campaña, este espacio, para explicar algunas de las acciones que quisiera emprender si fuera elegido.
Esta primera explicación parte de dos preguntas que un usuario me ha hecho, L.V y que creo que son de enorme interés, por que voy a responderlas de la manera más clara que pueda e intentando explicar mi visión y las medidas a tomar.
Reproduzco la respuesta que le he dado y espero pueda abrir un debate fructífero.
Estas son las preguntas:
“Luis Valor Cuadrado El Estado español, que viene presentando en los últimos años elevados déficits fiscales, presenta un gasto público excesivo que debería reducir si no quiere acabar en quiebra. El gasto público hay que reducirlo hasta que sea cubierto por los ingresos fiscales con el objetivo de suprimir o reducir a su mínima expresión el déficit presupuestario. Gregorio ¿qué propuestas tienes elaboradas para desmontar esta falacia?”
“déficit fiscal expresa que la administración pública en cuestión tiene más gastos que ingresos. Para reducir o incluso revertir este diferencial, lo que hay que hacer es disminuir los gastos, aumentar los ingresos, o ambas cosas a la vez. Y ¿cómo argumentarías para hacer entender a los posibles votantes de AC esta irracionalidad, para poder contrarrestarla?”
El equilibrio presupuestario del
Estado español ha resultado una tarea aparentemente imposible para los
diferentes gobiernos que hemos tenido que sufrir desde el nacimiento del
régimen del 78.
Los gobiernos han justificado el
déficit o bien o la necesidad de sustentar y mejorar “el estado de bienestar” o
para cumplir los compromisos adquiridos y generar una supuesta recuperación
económica.
Ambas justificaciones generales
son falsas y encubren una realidad oculta de régimen del 78 que gira en torno a
tres claves esenciales, la corrupción, la protección de los grandes
patrimonios/corporaciones y una ausencia consiente de una política económica
bajo la guía/ordenes de Alemania (+otros) cuyas consecuencias son la
desindustrialización de España y la inexistencia de sectores de valor añadido
que compitan con economías potentes y centradas en el mercado exterior.
Puede que resulten extraños los
motivos del párrafo anterior y quizás puedan parecer que carecen de conexión
con el déficit público, pero espero poder aclararlo en las siguientes líneas.
Cuando hablamos de “corrupción”
casi siempre nos centramos en aspectos judiciales y concentramos el foco de
atención en una persona en concreto, en uno o varios partidos políticos o en
algunas instituciones, pero la corrupción tiene repercusiones que van más lejos
de lo dicho anteriormente, la corrupción no sólo es el síntoma de la enfermedad
del régimen del 78, sino que es la sangre que le alimenta.
La corrupción supone en primer
lugar supone dedicar recursos ilimitados (limitados por el Presupuesto+déficit)
para sustentar y enriquecer no sólo a las grandes corporaciones españolas a
través de la obra pública multiplicando un “presupuesto original calculado por
debajo de los costes reales, con el fin de justificar su adjudicación y
eliminar a los competidores” y que tiene como consecuencia un aumento exponencial
de dicho presupuesto que englobaría los costes reales, el gasto en corruptelas,
más un beneficio a gusto del corruptor.
Esta corrupción no sólo se da a
nivel estatal y de grandes obras, sino que recorre toda la estructura política
de nuestro país y va desde las diputaciones, hasta los ayuntamientos
independientemente de su tamaño.
El carácter sistémico de la corrupción en España no sólo se queda en el ámbito de la
obra pública, sino que florece en la compra de suministros con el
correspondiente sobrecoste, en la externalización de servicios públicos con la
deficitaria gestión privada, sumando un nuevo sobrecoste al erario público,
etc, etc…
Creo que no es necesario poner
ejemplos porque son de sobra conocidos y las portadas de los periódicos están y
estarán plagadas de ellos.
En segundo lugar, la corrupción
no sólo se mueve en áreas visibles, también repta en zonas menos visibles para
la ciudadanía y los medios de comunicación como son el tratamiento fiscal de
las grandes empresas, los apoyos encubiertos del estado mediante el uso de la
emisión de deuda pública o la modificación de leyes que provocan la huida en
masa de los inversores extranjeros interesados en invertir en la economía real
y no en la especulativa.
Es conocido por la opinión
pública que si bien las grandes empresas si bien en el impuesto de sociedades
el tipo nominal en España es del 30% y hacienda nos vende que el supuesto pago
real o tipo efectivo es del 20%, la realidad se aleja bastante de dichos
números siendo el tipo medio efectivo del 8%/9%.
Como digo, esto es lo que más o
menos sabemos sobre el impuesto de sociedades de las grandes corporaciones,
pero existen unos mecanismo de ingeniería financiera creados entre el
Ministerio de Economía y el de Hacienda que son menos conocidos y casi
desconocidos por la ciudadanía que hacen que los bancos paguen por debajo del
1% de tipo efectivo y que además impactan en el aumento de la deuda pública, por
lo tanto también en el déficit público por los intereses que generan. Este
mecanismo de ingeniería financiera se denomina “Crédito Fiscal” en todo el mundo, pero en España con el fin de
ocultar aún más si cabe su existencia se ha denominado por parte del Ministerio
de Hacienda “créditos exigibles Frente a
la Administración Tributaria”
Este invento tributario convierte
España en un paraíso fiscal para el
sistema financiero español y desequilibra disminuyendo los ingresos fiscales del
Estado provenientes del Impuesto de Sociedades.
Sólo voy a dar un par de cifras
como ejemplo obtenidas de los Test de Stress de 2014 a la banca española de
2014.
Al Banco Santander se le
asignaron en 2014 26.739 millones de euros en créditos fiscales y 7.148
millones de euros en Activos Fiscales Diferidos (estos DTA son desgravaciones);
al BBVA 8.034 millones de euros y en DTA 1.057 millones de euros; Caixa .341
millones de euros, DTA 5.841 millones de euros.
Esto créditos fiscales se restan
de la base liquidable de cualquier impuesto estatal (no municipal, ni
autonómico) por lo él ya escaso 8%/9% que pagaban en el Impuesto de sociedades
y el IVA que les pueda afectar simplemente desaparece.
Además del daño que provocan en
la recaudación, los créditos fiscales tienen impacto en la deuda púbica y en el
déficit público.
Estos créditos fiscales además de
eximir del pago de impuesto a la banca española, tienen la cualidad de poder
sumarse al capital del banco, lo que se llama Tier, pero para que sean parte de
dicho capital, el Estado debe respaldarlos o avalarlos mediante la emisión de
deuda pública y cuyos intereses no recaen en la banca, sino en los presupuestos
generales.´
Esta emisión de deuda pública no
sólo se limita a los créditos fiscales sino que el actual gobierno la amplia
como aval a emisiones de deuda creadas por los propios bancos.
No quiero extenderme en este
asunto que ya he tratado en mi blog “Economía Ciudadana”, si quieres más
información te remito a los artículos que he escrito.
La última consecuencia de la
corrupción es “la inseguridad jurídica”, esta frasecita que de vez en cuando
parece llenar la boca de los voceros de los partidos del régimen del 78 como
argumento en contra de partidos de nueva hornada, curiosamente su significado y
sus consecuencias son diametralmente opuestas a los argumentos de régimen.
Como ya he dicho anteriormente,
una de las características de la NO política económica de los partidos que han
gobernado España es el uso continuado de la corrupción como herramienta que
distorsiona el mercado y por lo tanto la economía real. Este uso de la
corrupción es una herramienta tan potente que promueve las inversiones
extranjeras especulativas y hace huir a los inversores interesados en generar
tejido productivo y con valor en la economía real por lo certeza que si se
consigue invertir en España saltando los obstáculos de la corrupción, el
clientelismo, etc, el gobierno creara la legislación necesaria para que dicha
inversión termine siendo ruinosa.
Te pondré un solo ejemplo, cuando
se cambió la legislación sobre las energías renovables para eliminar la
competencia a que suponían para las empresas hidroeléctricas españolas ( no
olvidemos el favor del déficit tarifario que hasta el momento ha costado 21.000
millones de euros) , la mayoría de los inversores extranjeros (y nacionales)
cerraron sus empresas en España y dejando de invertir.
La consecuencia directa de este
nuevo favor del Estado español a las hidroeléctricas es que en estos momentos
España encabeza el ranking mundial con 23 demandas en el Tribunal de arbitraje
del banco Mundial y que se rige bajo en mecanismo ISDS por incumplimiento del
Tratado Internacional sobre la Energía firmado por España.
La consecuencia de esta inseguridad jurídica
es que la media de indemnización de este tribunal es de 900 millones de dólares
y que si todas las demandas (hasta ahora presentadas) fueran exitosas, España
tendría que pagar indemnizaciones entorno a los 20.000 millones de dólares, un
2% del PIB a cargo de los presupuestos públicos.
¿Qué medidas tomaría para buscar
un reequilibrio de la fiscalidad de España?
Es evidente, que si tuviera la
oportunidad de decidir sobre la política fiscal, una primera mejora sería como
consecuencia de la entrada de las nuevas fuerzas ciudadanas en la política y
que se reflejaría en la gestión del dinero público.
Sólo este cambio modificaría el
orden de prioridades del gasto y la gestión de los recursos públicos mejorando
el rendimiento de recursos como están demostrando en el Ayuntamiento de Madrid.
Pero esto no es suficiente y con
el paso del tiempo los ideales tienden a relajarse y no hay mejor recordatorio
para una gestión relajada que la existencia de mecanismo de control externos
que impidan o al menos dificulten la corrupción.
El primero de ellos es una
auditoria ciudadana de la deuda y de las cuentas públicas que se realizaría
todos los años.
Segundo, Ley de Transparencia de
las finanzas públicas. Esta Ley obligaría a todas las instituciones públicas y
empresas públicas a publicar de manera actualizada todos los movimientos de las
cuentas bancarias de las que son titulares.
Esta medida, que ya ha sido
propuesta en Andalucía permitiría a la ciudadanía vigilar el uso del dinero
público.
Evidentemente, este acceso a la
información no debe ser pasivo, sino que necesita de la creación de una
“Oficina de Control Ciudadano” con plena capacidad de investigación que
compruebe y acredite las denuncias realizadas por los ciudadanos, colectivos
sociales, etc.
Pero si bien estas medidas pueden
ser muy efectivas, iría más allá promoviendo la creación de un banco público,
no comercial que fuera quien gestionara
todo el dinero público y que dependiera orgánicamente del Ministerio de
Hacienda.
La creación de este banco
público, no comercial tiene múltiples ventajas, la primera es que evitas la
existencia de miles de cuentas en diferentes bancos privados que suponen una
dificultad evidente a la hora de controlar hacia donde se dirige el dinero
público.
El unir en una sola institución
la gestión del dinero público permite utilizar programas informáticos que
detecten posibles operaciones sospechosas.
La gestión de lo público, desde
lo público y mediante una institución autónoma
permite una mejor gestión del crédito a la economía real que ahora está
congelada en los bancos privados.
Dos ventajas añadidas son, la
disminución de influencia de la banca sobre el Estado y la retirada de los
recursos públicos de la banca privada supone reducir el tamaño de la banca
facilitando una futura quiebra de una institución financiera.
En la parte fiscal, derogaría de
inmediato los Créditos Fiscales y los DTA para el uso del sistema financiero.
Reformaría la legislación fiscal
con el fin que la ingeniería financiera “ad hoc” creada para el beneficio de
las grandes empresas, patrimonios y sistema financiero se redujera para acercar
lo más posible el tipo nominal y efectivo del impuesto de sociedades.
Utilizaría la figura de los créditos fiscales
a la pequeña y mediana empresa, dotándola de la liquidez necesaria para sanear
sus cuentas y realizar inversiones productivas.
Modificaría las licitaciones, los
contratos de suministros y obra pública de la administración para evitar el
aumento constante de los presupuestos y
mediante sanción administrativa o penal, aquellas empresas que actuaran de mala
fe, podrían llegar a ser sancionadas de manera indefinida con la prohibición a las licitaciones públicas.
Espero que esta respuesta,
bastante amplia y que se puede desarrollar más te haya respondido a tus dos
preguntas.
Un saludo y gracias por colaborar
en que se conozca mejor las propuestas que plateo para mi elección en las
Primarias para el Congreso de Ahora en Común Cantabria.