Ante la actual falta de una política económica en España parece razonable pensar en la necesidad de realizar propuestas económicas viables y substanciales que apoyen no sólo unas nuevas reglas de juego en la economía real y en el sector financiero, sino que permitan allanar el camino hacia un nuevo marco político que supere al nacido de la Constitución de 1.978.

Pero antes de realizar propuesta alguna es necesario determinar los problemas más relevantes de este país que son, la economía real, el sistema financiero y los políticos. Cualquier medida que intente abarcar los tres en su conjunto de manera directa se vería probablemente truncada, en el primer caso por las grandes empresas, en el segundo por el poder financieros y en el tercer caso por un parlamento enrocado frente a la sociedad con el fin de mantener sus privilegios.
Banca Pública como base de la regeneración del sistema
Banca Pública como base de la regeneración del sistema

Al menos desde mi punto de vista, la única manera de enfrentar de forma simultanea los tres grandes problemas de este país pasa por el control del dinero público, eje sobre el cual se vertebran la corrupción y el nepotismo en la política; la destrucción del tejido empresarial compuesto por la pequeña y mediana empresa, en favor de las grandes empresas y sus sectores específicos. Y por supuesto, una laxitud en el control de los bancos que supone un marco tributario favorable, además una legislación “Ad Hoc” para beneficiar los negocios bancarios.

Esta propuesta, en apariencia parece bastante conservadora, e incluso será decepcionante para algunos porque ni supone la aniquilación de clase política, o la banca, ni la expropiación de las grandes empresas, en realidad la propuesta es muy sencilla en apariencia y consiste en crear un Banco Público aprovechando el hecho de que Bankia y otras entidades financieras rescatadas cuentan ahora con mayoría de capital público.

Es importante destacar que la función del Banco Público no es dedicarse al negocio minorista, sector ya cubierto por la banca tradicional. 

Esta primera característica evita entrar en colisión con la iniciativa privada en el sector financiero y evita situaciones peligrosas como hemos podido ver en las Cajas de Ahorro cuando han jugado a ser banqueros y han olvidado sus objetivos originales.

Evidentemente, en un primer momento será necesario mantener las cuentas minoristas o mayoristas ya existentes en las entidades que vayan a constituir este banco público, pero no se aceptarían nuevas cuentas, ni nuevos ingresos en las ya existentes y se promovería el cambio progresivo de todos los ahorradores y empresas hacia la banca comercial.

Por otro lado, las emisiones de deuda de las entidades, se liquidarían al vencimiento y si fuera necesario se reestructurarían para evitar un mayor detrimento de las arcas públicas.

Tan sólo se mantendría el sector hipotecario, promoviendo la el cambio de entidad voluntario, pero al mismo tiempo protegiendo aquellos deudores de buena fe y aplicándoles una moratoria, reestructurando el crédito, aumentando el plazo, o aceptando la dación en pago cautelar por imposibilidad de asumir las cargas de la hipoteca de vivienda habitual y estableciendo una renta equivalente al 30% de sus ingresos, revisable anualmente y si en un periodo de cinco años su situación económica mejorara, se volvería a activar la hipoteca en el punto que había sido congelada. Esta opción de reactivación tan sólo sería posible en una única ocasión.

Este Banco Público no formaría parte de ningún Ministerio y sería una entidad independiente bajo el control de Congreso de los Diputados a través de una Comisión de Gobierno permanente y compuesta por todas las formaciones con representación parlamentaria sin excepción. Si bien, aquellas fuerzas con mayor representación tendrían un mayor número de miembros, dejando a manos de los constituyentes el número máximo de miembros, pero estableciendo que el número mínimo de los mismos fuera de un representante por partido u organización con representación parlamentaria, evitando que las fuerzas mayoritarias excluyan a las minoritarias y eviten el necesario control de todas las fuerzas votadas por los ciudadanos. 

El presidente de Banco Público, al igual de su Consejo de Administración y los Directores Generales de las 
Divisiones serán propuestos por el Banco de España, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía y Tribunal de Cuentas, debiendo motivar la propuesta de cada candidato.

Las personas propuestas deberán ser votadas de forma individual en el Congreso de los Diputados y deberán obtener como mínimo tres cuartos del total escaños existentes y la duración de será de cinco años, con la posibilidad de una segunda elección.

Ningún cargo elegido podrá serlo un máximo de dos ocasiones, no pudiendo optar nuevamente a ninguno de los cargo elegidos por el Congreso.

El sueldo máximo será inferior al del Presidente del Gobierno en el caso del Presidente del Banco Público y los de los cargos inferiores deberán tener como máximo, el de los Ministros en el Caso de los miembros del 
Consejo de Administración y de Secretarios de Estado, en el caso del Directores Generales de las 
Divisiones en que se divida el Banco Público.

El objetivo del Banco Público es gestionar todo el dinero público, no sólo el de la Administración Central, sino también el de las Autonomías, Diputaciones, Ayuntamientos y todas las empresas públicas, sea quien sea su titular de las mismas.

También estarían obligados a abrir cuentas aquellos partidos e instituciones privadas que accedieran a fondos públicos. En ambos casos, el dinero no podría ser transferido a una segunda cuenta sino fuera para realizar pagos, ya sean nóminas, gastos corrientes, etc. Eso supone, que no podría moverse el dinero sino hubiera un justificante que avalara tal movimiento, ya sea factura, nómina o recibo.

Tanto los pagos, como los cobros con dinero público se realizarían a través del Banco Público, por lo que 
tendría ciertas características de la banca comercial con el fin de poder realizar dicha operativa.

A partir de la creación del Banco Público, dejarían de existir cuentas en la banca comercial.

Un ejemplo sencillo, el pago de cualquier impuesto, a partir de la creación del Banco Público, tanto el pago, como la devolución de los impuestos se haría a través del Banco Público, de tal manera que el contribuyente ingresaría o transfería la cantidad a pagar. En el caso de las devoluciones, como un banco comercial, el Banco Público transferiría el dinero a devolver a la cuenta determinada por el contribuyente.

Este Banco Publico constaría de las siguientes divisiones:

Minorista: atendería a los clientes ya existentes de las entidades financieras que lo conformaran, aunque no promovería el negocio bancario comercial con dichos clientes y desaparecería en un periodo máximo de 10 años.

Hipotecaria: Asumiría las hipotecas existentes de las entidades que la conformaran, promoviendo el cambio de las hipotecas a la banca comercial, exceptuando aquellas especialmente sensibles sobre vivienda habitual y  con riesgo de impago por parte de deudores de buena fe.

Otro aspecto importante de esta división sería la compra de viviendas habituales de deudores de buena fe a otras entidades con el fin de crear un parque de viviendas que tenga como objetivo el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Inversión Obra Pública: Todas dinero usado en las obras públicas, se gestionaría en cuentas Ad Hoc con el fin de ejercer el correspondiente control sobre las mismas, permitiendo establecer unos criterios de aviso informático, si  hubiera pagos excesivos a un solo proveedor, aumentos sobre el presupuesto previsto de +/- 10%, etc.

Este departamento estaría unido a las Secciones de Inspección Técnica de Obra Pública que investigarían en primera instancia la razón del incidente, pudiendo hacer un informe favorable justificado de la incidencia o bien enviar un informe de irregularidades en la gestión del dinero público a la Sección Anticorrupción de la Inspección del Banco que profundizaría más en el incidente por si hubiera motivos de delito y si ese fuera el caso, poder presentar un informe técnico a la Fiscalía  para que obrara en consecuencia.

Es de especial interés este Departamento de Obra Pública por ser la panacea de la corrupción, por lo que es necesaria una especial vigilancia.

Departamento del Tesoro: gestionaría toda la deuda pública emitida, ya sea soberana, autonómica o de cualquier institución pública o empresa pública.

Departamento de Inversión: Este departamento se encargaría de la gestión de las subvenciones públicas, créditos blandos  a la empresa y a los autónomos. 

Departamento Institucional: Gestión de partidos políticos con representación política en todas las instituciones que sean por elección de los ciudadanos, parlamentos, consistorios, etc.

Departamento Nacional: Gestión de las cuentas del Estado Central que no sean parte de otros departamentos.

Departamento Territorial: Gestión de las cuentas de las Autonomías que no sean parte de otros departamentos.

Departamento Municipal: Gestión de las cuentas de los Ayuntamientos que no sean parte de otros departamentos.

Departamento Europeo: Gestión de los fondos europeos y de los fondos españoles enviados a Europa.

Departamento del Fondo de Pensiones: gestión de los excedentes de las pensiones.

Departamento de Contabilidad General: Realizar una contabilidad  General trimestral, semestral y anual de toda la operativa de la entidad.

Departamento de Personal: el personal del Banco Público estará conformado en la parte técnica por funcionarios con la adecuada formación para ejercer ese puesto y el resto, serán contratados laborales. Las contrataciones laborales serán motivadas y formaran parte de un concurso de selección público entre los aspirantes que se presenten y dilucidado en función de unas pruebas objetivas de selección. 

Departamento de Atención al Ciudadano: Facilitar cualquier información que se pida de la institución siempre y cuando no viole la Ley de Protección de Datos y esto hacerlo en tiempo y forma, no existiendo la posibilidad del silencio administrativo, todas las peticiones deben ser contestadas, tanto en sentido positivo, como en sentido negativo, existiendo la posibilidad de acudir al recurso administrativo en caso de que el ciudadano considerara que se han violado su derecho a la información.

Departamento Exterior: Gestión de las cuentas al exterior.

Departamento General: Gestión de aquello que no se enmarque en ninguno de los otros departamentos.

Departamento de Inspección: Su función en vigilar a todos los departamentos del Banco Público e investigar aquellas operaciones sospechosas con el objetivo de emitir un informe positivo si fueran producto del normal funcionamiento, o por error y en el caso de ver indicios de delito, emitir un informe con el fin de poner en conocimiento de la fiscalía la existencia de un posible delito y motivando las correspondientes sospechas.

El resto de Departamentos, los habituales en cualquier entidad.

Doble Auditoria del Banco de España y Hacienda. La contabilidad del Banco Público se debe presentar al 
Tribunal de Cuentas para su aprobación final una vez contrastada con las dos auditorias.

Toda la información del Banco que no Vulnere la Ley de Protección de Datos será Pública y se permitirá el acceso a la misma tanto por medio analógicos, electrónicos  a todos los ciudadanos que lo deseen.

La creación de un Banco Público permite a los ciudadanos el control del dinero público a través del Congreso, órgano de representación ciudadana y es la clave para conseguir luchar eficientemente contra la corrupción.

El Banco Público permite un seguimiento informático de todas las transacciones económicas de las instituciones públicas, por lo tanto evita desvíos o usos injustificados del dinero público. 

Se aplicarían programas informáticos similares a los usados por Hacienda Pública para cruzar datos y detectar irregularidades.

Se separaría la actual unión quasi osmótica entre la banca y los gobiernos de turno, y el inmenso negocio del dinero público desaparecería y quedando perfectamente definidos los campos, por un lado la gestión de las finanzas privadas por bancos privados y la gestión de lo público por un Banco Público.

Se corregirían las desviaciones de la obra pública al tener que dar explicaciones sobre las ampliaciones de presupuesto y otras irregularidades comunes en el desarrollo de las obras públicas.

Y quizás lo fundamental, el oscurantismo que protege las gestión irregular del dinero público y que permite uniones indeseadas entre la política, los bancos y las empresas sería fiscalizada por procesos informáticos y por un organismo independiente que sólo debe explicaciones a la ciudadanía y a sus representantes legítimos. 

La información saldría a la luz apoyando la necesaria transparencia que es obligación de ofrecer de lo público.

Esta propuesta, como es lógico no está libre de polémica y por supuesto puede mejorarse y precisarse con las aportaciones de quienes la lean y crean que puede ser una buena arma para renovar el sistema y dotarle del necesario control que debe estar al alcance de cualquier ciudadano de este país.

 
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