La Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 21 de diciembre de 2016, que obliga a las entidades bancarias españolas a restituir el dinero cobrado y los intereses correspondientes, como consecuencia de la aplicación de las cláusulas abusivas suelo,  desde la firma del contrato hipotecario, va más allá de una simple corrección interpretativa de la Sentencia del Tribunal Supremo de  9 de mayo de 2013.

De hecho, el Tribunal Supremo hubiera evitado la Sentencia de 21 de diciembre, simplemente aplicando el artículo 1303 del Código Civil que dice: “Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses” y limitándose a anular las Cláusulas Abusivas Suelo  al momento de la firma del contrato hipotecario como se deduce del artículo 6.1 de la Directiva 93/13.

El problema real, de la Sentencia del Tribunal Supremo español, es que abre la Caja de Pandora de la posibilidad de reinterpretar, creando jurisprudencia desde el ámbito nacional, de las Directivas Europeas y por lo tanto vaciando de contenido al TJUE, extremo contrario al artículo 267 TFUE que dice: “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

sobre la interpretación de los Tratados;

sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de 
la Unión;

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad.”

En este sentido, la Comisión Europea en su escrito de “Observaciones” presentado el 15 de septiembre de 2015 mantiene en su punto 23: “Como punto de partida para responder a la primera pregunta, es conveniente señalar que la interpretación de la Directiva -máxime cuando dicha interpretación pueda potencialmente limitar la aplicación de la Directiva- incumbe exclusivamente al tribunal de Justicia, en su calidad de único intérprete de la legislación de la Unión, de conformidad con el artículo 267 TFUE.”

En el lado contrario y aprovechando la tendencia del Tribunal Supremo a generar sentencias que agraden al Gobierno y al sistema financiero, el Gobierno Británico aprovecha la oportunidad (antes del Brexit) para apoyar la postura del Tribunal Supremo y en las observaciones presentadas el 21 de Julio de 2015, intentan equiparar a través del principio de equivalencia, las interpretaciones judiciales nacionales, con las realizadas por el TJUE.

Esta visión que busca la prevalencia encubierta del Tribunal nacional se expone en el punto 13: “Por ultimo a falta de armonización. las normas nacionales que regulan los procedimientos internos relativos a cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores forman parte del ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate, a condición de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el ordenamiento jurídico de la Unión.”

Como conclusión, se deduce que en la Sentencia sobre las clausulas suelo; lo que se dirime es ¿Cuál es el órgano competente en la interpretación de la normativa de la Unión Europea en el ordenamiento jurídico de los estados miembros?

Si hubiera prevalecido la visión del Tribunal Supremo español, cada  estado de la Unión crearía su propia jurisprudencia interpretativa de las normas europeas, impidiendo de facto, a la Comisión Europea aplicar las políticas dictadas desde Bruselas y generando un caos jurídico que haría imposible la armonización legislativa en el marco de la Unión Europea.

Esta conclusión nos indica de forma clara, que independientemente del asunto controvertido tratado en la Sentencia y de la tendencia de la Comisión Europea a seguir criterios que protegen y amparan al sistema financiero, en este caso y con el fin de evitar una rebelión general de los estados de la Unión, el Tribunal Europeo de Justicia tenía que dictar una Sentencia contraria al Gobierno de España y al sistema bancario español con el fin de proteger un interés superior y no me refiero a los consumidores, sino al gobierno Lobby de la UE como eje de la política neoliberal y de recortes.

Además, el impacto es menor, entre €4.000MM/€7.000MM, e incomparable con lo que supondría la disolución de la UE.

En definitiva, el Gobierno de España, el Supremo y el sistema financiero no les pareció suficiente que el Tribunal Europeo de Justicia en su sentencia de 14 de marzo de 2013 no consideraran las clausulas suelo abusivas en sí misma y les regalaran, para que pudieran seguir utilizándolas, que su abusividad provenía de la falta de transparencia, sino que se decidieron ir más allá y redefinir la jurisprudencia europea en contra de la Comisión Europea y del propio Tribunal Europeo.

Si el Gobierno de España, tal y como expresan los abogados del Estado en el punto 72 del escrito de oposición lo aplicará este criterio de manera igualitaria todos los colectivos de esta sociedad, consumidores, empresarios, corporaciones, pequeñas empresas etc, podría incluso compartirlo. El punto 72 dice: “El Tribunal Supremo es el máximo interpretación de la· legalidad ordinaria en España. El artículo 1, apartado 6 del Código Civil español establece que "La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho";”

Esta rebelión del Gobierno de España parece ser selectiva y dirigirse exclusivamente en contra de los consumidores,  ya que el Gobierno no se le ocurre poner en tela de juicio las más de 20 demandas contra España en el Tribunal Internacional de Arbitraje por el incumplimiento de la Carta de la Energía y que nos pueden costar más de €20.000MM en indemnizaciones de dinero público, no privado.

Mientras que el Gobierno considera que el pago de la indemnización a los consumidores por la utilización de una cláusula abusiva puede ser un quebranto para la economía nacional, no parecen tener el mismo criterio para el pago de €25.000MM  a las eléctricas, mediante la emisión de deuda pública o como ya he dicho antes, el coste indemnizatorio de las demandas en los Tribunales de arbitraje.

Este Gobierno va más allá y defiende el uso del ISDS (defensa del inversor extranjero) en Acuerdos Comerciales de última generación como el CETA o el TTIP,  aun cuando estos Tribunales de Arbitraje privado dictarían laudos que estarían por encima de las sentencia del Tribunal Supremo.

Por último, recordar que el coste de los Abogados del Estado y los gastos judiciales generados por la defensa de la banca en el escrito de oposición del gobierno, van a costa del erario público, lo pagamos todos los españoles con nuestros impuestos.

Para conocer más detalles de la Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, podéis leer el artículo publicado el mismo día en que se hizo pública y titulado “La Banca y el gobierno español pierden la batalla de la retroactividad de las clausulas suelo en el Tribunal Europeo de Justicia

También puede ser interesante un artículo que se publicó en este blog y que incluye algunos modelos para reclamar la devolución del dinero pagado indebidamente por las clausulas suelo y que se tituló “Documentación y cartas tipo para reclamar la anulación de las clausulas suelo en cualquier entidad bancaria española


Finalmente, adelantar a los lectores, que el próximo artículo que se publique en este blog, estará  dedicado a los Abogados del Estado Dña. Andrea Gaveta Llopis y D. Miguel Sampol Pucurull, creadores del escrito de oposición del Gobierno de España a la aplicación retroactiva de las clausulas suelo.
 
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