El mecanismo implementado por el Ministerio de Economía en el Real Decreto Ley (RDL) “de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas”, da la impresión a primera vista que busca más la protección de las entidades financieras, que la de los afectados por las cláusulas abusivas suelo.

Es extraño, la insistencia por parte del Gobierno en plantear un mecanismo extrajudicial que lo primero que hace es congelar cualquier actuación por parte del afectado, hasta que reciba una respuesta del banco, como máximo teórico, tres meses, la realidad y lo más probable es que ese plazo se dilate en el tiempo, utilizando diferentes excusas.

Lo segundo que llama la atención, es la incidencia en la posibilidad de evitar por encima de cualquier otra cosa “las costas judiciales a la banca” como consecuencia del uso abusivo de las clausulas suelo, protegiendo a la banca y el impacto negativo en sus cuentas de resultados por encima de los derechos de los consumidores.

El banco, para evitar las costas judiciales, lo único que tiene que hacer es “allanarse”  y la única posibilidad por parte del consumidor que ha sufrido el abuso de la entidad financiera, es que exista una diferencia a  favor del consumidor en el cálculo del banco.

Un tercer punto a destacar y que creo que es MUY IMPORTANTE, el acuerdo extrajudicial podría implicar firmar un documento con el banco, donde el usuario que ha sufrido el abuso “Renuncia a Acciones Legales contra la Entidad Financiera Respecto al Contrato Hipotecario” y esto puede llevar a la entidad crear un documento, en el que el usuario, no sólo renuncie a demandar al banco por las clausulas suelo, sino que se amplié esta renuncia por parte del usuario al resto de cláusulas abusivas referidas a intereses, datos personales e incluso a la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por parte del banco cuando se constituyó la escritura de la hipoteca.

Me refiero en concreto, a la Sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2015, en la que se consideran abusivos los gastos cargados al consumidor en referencia al Registro de la Propiedad, gastos notariales y Actos jurídicos Documentados.

Debemos negarnos a firmar cualquier documento que incluya renunciar a la posibilidad de demandar a la entidad financiera por otras cláusulas o actos abusivos relacionados con el contrato hipotecario.

Aquellos que quieran llegar a un acuerdo con su entidad deberán exigir al banco, que el acuerdo al que se llegue, se restrinja única y exclusivamente a las cláusulas suelo, quedando el resto de elementos abusivos, pendientes de las correspondientes acciones legales por parte del consumidor.

Un cuarto punto que resulta alucinante, es el de los impuestos. El Decreto Ley, establece que se deben devolver los excesos en las devoluciones de vivienda habitual, realizando una liquidación complementaria para regularizar la situación con la hacienda de Montoro.

Resulta que la devolución media prevista a hacienda rondará aproximadamente un 10% del dinero devuelto en efectivo por parte del banco. Si comparamos la eficacia recaudatoria demostrada en este caso, que recordemos que es producto de una sentencia por la aplicación de cláusulas abusivas, con la amnistía fiscal de Montoro que afectó a defraudadores, no tiene comparación.

De hecho y como ya se ha dicho, los consumidores afectados por las cláusulas abusivas suelo tendrán que devolver sobre el dinero recibido un 10%, mientras que los defraudadores de la amnistía fiscal pagaron una media del 3%, llegando en algunos casos según ciertas filtraciones, a menos del 2%.

Después de estos primeros párrafos a modo de comentario general, es momento de entrar directamente en los contenidos del Real Decreto Ley “de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas”.

Este Decreto no tiene desperdicio desde el principio y me refiero al primer párrafo del preámbulo, donde dice: “desde el Gobierno y las Cortes Generales se han abordado un gran número de iniciativas que regulan distintos aspectos de los créditos hipotecarios, especialmente para paliar y afrontar la problemática social de las ejecuciones hipotecarias y la vivienda, agudizada por la crisis económica que ha atravesado España

Por mucho que mientan, no vamos a dejar de repetir que ni este gobierno, ni los anteriores hicieron nada por paliar y afrontar la problemática social de las ejecuciones hipotecarias. Ha sido la sociedad civil, junto al papel extraordinario por la PAH, los que han conseguido un giro copernicano de la visión de las ejecuciones hipotecarias y de su impacto social.

En concreto este gobierno, ha utilizado todas las herramientas que han tenido a su alcance y fundamentalmente la Abogacía del Estado, para oponerse en todas las ocasiones en que han llegado casos sobre los contratos hipotecarios al Tribunal Europeo de Justicia.

Tanto en el caso de Mohamed Aziz, en 2013, como en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C- 308/15 que dieron lugar a la Sentencia del Tribunal Europeo de 21 de diciembre de 2016, sobre la retroactividad de la devolución de las cláusulas abusivas suelo, el Estado español a través de los abogados del estado, se opusieron a que se modificara la Ley Hipotecaria en referencia a las clausulas abusivas, en el caso de Aziz, no sólo en contra de la opinión de la Comisión Europea, sino también en contra de la abogada general.

Esta desconexión intencionada del gobierno atribuyéndose logros sociales que de ninguna manera han propiciado o apoyado y la realidad social del día a día de la ciudadanía.

Fruto de esta desconexión intencionada, es la frase “la crisis económica que ha atravesado España” dando a entender que “la crisis económica es algo del pasado.

A modo de ejemplo, aunque se salga del tema principal, el gráfico de elaboración propia sobre la distribución de la riqueza en España, nos muestra el abismo existente entre el 20% de la población española más pobre y por lo tanto más afectada por las ejecuciones hipotecarias y los abusos de la banca y el 20% más rico, creo que es lo suficientemente claro para demostrar quien sigue en crisis y quien no se ha visto afectada por ella.

Los datos del gráfico, se han obtenido del Informe sobre la riqueza de Credit Suisse, entidad poco sospechosa de practicar una oposición activa al neoliberalismo predominante en la  economía mundial.


Otro elemento destacado del preámbulo, es la insistencia pertinaz por parte del gobierno español en repetir los argumentos utilizados por la abogacía del estado al oponerse a la retroactividad de la devolución de los intereses pagados indebidamente por los consumidores al origen del contrato hipotecario  y que la Sentencia de diciembre de 2016 del Tribunal Europeo de Justicia desestimo en su totalidad.

Es de destacar que la posición contraria del gobierno se basa “en el principio de efectividad” y cuyo argumento esencial es “la alteración del orden público” o traducido, la alteración del orden económico.

Parece que el coste de €4.000MM que tiene que pagar la banca genera un caos en la economía nacional y el rescate de las autopistas de €4.000MM, es un elemento menor.

En este punto, sólo quisiera precisar lo siguiente, una buena parte de las hipotecas afectadas por cláusulas abusivas suelo, fueron titulizadas por los bancos, o dicho de manera más clara, fueron vendidas como garantía de emisiones de bonos a inversores extranjeros, por lo tanto, en la mayoría de los casos, el banco había cobrado esas hipotecas, aunque si es cierto que continuaban haciendo negocio con ellas.

El negocio consistía en pagar a los inversores extranjeros unos intereses inferiores a los que cobraban a los consumidores con cláusulas suelo. Tan sólo voy a poner un ejemplo de una emisión activa en estos momentos del BBVA “BBVA RMBS 2 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS” de 2.007 y por valor de €5.000MM y avalada por 38.780 hipotecas.



Como consecuencia de lo anterior, me pregunto, si como mantienen los abogados del estado español, la retroactividad supone un “enriquecimiento injusto” por parte de los consumidores afectados por las prácticas abusivas del banco y el resarcimiento puede provocar un colapso en la economía nacional, ¿qué pensarán los inversores extranjeros, cuando se den cuenta que la entidad que les vendió los bonos y uso hipotecas con cláusulas suelo cobraba más intereses que ellos a pesar de ser los dueños de los títulos hipotecarios? ¿qué hará el gobierno si estos inversores demandan a las entidades por enriquecimiento injusto?, seguro que no les dice a los inversores extranjeros, que el pago de esos intereses  podría colapsar la economía. Tal y como vimos en el rescate a la banca de 2012, se limitará a pagar religiosamente por un lado y a recortar nuevamente en derechos sociales por el otro.

Para finalizar la primera parte de este artículo, incidir en un último aspecto del Preámbulo del RDL, la Autonomía Procesal del Tribunal Supremo.

El Gobierno insiste de manera cansina, en que es el Tribunal Supremo quien debe imperar cuando no hay normas en la legislación española sobre la jurisprudencia europea. No voy a volver a extenderme en el claro criterio mostrado es la sentencia de diciembre de 2016, donde el Tribunal Europeo de Justicia dicta de manera inequívoca que, el único organismo legitimado para interpretar la legislación de la Unión Europea y generar jurisprudencia al respecto es el propio Tribunal Europeo.

Para aquellos que quieran conocer más sobre este asunto, pueden leer el artículo escrito en el mismo blog y titulado “¿Qué aviso ha enviado la Unión Europea a España y a otros países a través de la Sentencia de las Cláusulas Abusivas Suelo?”, pero si destacar que por un lado el Gobierno de España clama por la “autonomía procesal, por otro lado, se apresura a redactar y aprobar un RDL que parece escrito por la banca, cuando debiera esperar, por coherencia con lo que defienden, a que el Tribunal Supremo transponga a la normativa nacional la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia y a partir de ese momento, modificar aquellos aspectos de la Ley que no se ajusten a la trasposición del Supremo.

Pecando de inocencia, parece que hay que recordar al Gobierno la división de poderes, contenido de Primero de Democracia y acatar plenamente la Sentencia de Tribunal Europeo.

Este decreto, ni es un sistema de arbitraje, ni respeta el principio de “tutela judicial efectiva” derecho fundamental protegido no sólo por la Constitución española, sino por la normativa en Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Mi recomendación personal, es que no se utilice el mecanismo pergeñado en este RDL sin antes consultar a una Organización  de Consumidores o a un abogado de confianza.

En la siguiente parte de este artículo entraré en el articulado del RDL de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas.


Por último, quisiera añadir un modelo actualizado de Carta Reclamar Nulidad y/ó Retroactividad de Cláusula Suelo y Gastos de Escritura de Préstamo.

 
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