Es un hecho, la corrupción en España no es un fenómeno coyuntural, sino que se puede afirmar de manera rotunda, que es una práctica sistémica y su impacto supone un deterioro sobre la economía española que ronda entorno a los 48.000.000.000 de euros.

En términos del PIB “oficial”, esta cifra equivaldría a un 4,5%, porcentaje coincidente con el déficit presupuestario estimado por el gobierno de España.

Lo primero que se puede deducir de estos datos, es que la economía española podría haber superado de manera estable el actual escenario de crisis económica, tan sólo habiendo modificado seis ejes de la política económica desarrollada desde el primer gobierno de Felipe González, hasta el actual gobierno de Rajoy.

Estos seis ejes son:

  • 1.      la destrucción sistemática del tejido productivo de valor añadido, comenzada en el gobierno de Felipe González.
  • 2.       Apoyo constante a sectores de bajo valor añadido para la economía real como la construcción y el turismo, con el objetivo de no competir con países cuya base económica son las exportaciones de productos industriales y tecnológicos, como Alemania o Francia.
  • 3.       Como consecuencias de los dos puntos anteriores, promover una economía financiera, cuya base de negocio sea la especulación basada en la creación masiva de crédito (creación del dinero por parte de los bancos) con el fin de generar burbujas económicas cíclicas que estallen a corto o medio plazo.
  • 4.       El cuarto elemento es condición necesaria para sostener una economía financiera basada en burbujas especulativas y es la socialización de las pérdidas como consecuencia de dichas burbujas generadas por los bancos comerciales y las grandes corporaciones.

La inyección de dinero público una vez que ha estallado la burbuja, es el elemento esencial que permite el saneamiento de los balances de la banca y de las grandes corporaciones, evitando la quiebra, al mismo tiempo que les proporciona un flujo constante de liquidez, que les permitirá una vez superado el ciclo bajo de la crisis, comenzar a crear una nueva burbuja, en un nuevo ciclo económico.

  • 5.       Creación por parte de las instituciones públicas de un marco fiscal que permite a los bancos, corporaciones y grandes capitales moverse de manera legal dentro de unas normas fiscales destinadas a reducir a o eliminar el pago del impuesto de sociedades.

 Evidentemente, este laberinto normativo, queda fuera del alcance de autónomos, pequeña y mediana empresa, verdaderos generadores del tejido económico real.

  • 6.       Intoxicación sistémica por medio del uso constante de la corrupción en las interacciones entre la estructura política y económica.
Este último es el nudo gordiano que hilvana los cinco ejes anteriores, de tal manera que se convierte en la sangre que nutre el régimen del 78 y sostiene un modelo económico improductivo que absorbe recursos públicos sin límite, con el fin de evitar la quiebra y prolongar su supervivencia.

Enfrentarse a la corrupción, supone la caída del régimen nacido en el 78, junto al modelo económico elitista que lo sustenta y esta es la razón por la cual es casi imposible cambiar los actuales equilibrios existentes. Para que se produzca dicho cambio, es necesario generar un nuevo modelo económico que sustente un giro copernicano en la política.

Una vez establecido de forma resumida, el marco general que permite a la corrupción, convertirse en la moneda de cambio de uso común, en las relaciones político-económicas en España, es necesario decir, que esta relación viciada entre lo público y lo privado necesita, una legislación que permita, tanto en el ámbito penal, como en el civil/administrativo, crear una capa protectora que permita la impunidad de los corruptos y los corruptores.

En el ámbito penal, se acaba de aprobar una modificación que limita el periodo de instrucción a 6 meses en los casos más sencillo y hasta 18 meses en aquellos casos de especial complejidad. Los casos de corrupción, entrarían dentro de la categoría de especial complejidad, no sólo por el elevado número de imputados, ahora denominados “investigados”, sino por las complejas relaciones societarias que se utilizan en estas tramas con el fin esconder los flujos de capital producto de las relaciones corruptas, así como que los auténticos inductores de estas tramas eludan  la acción de la justicia.

En cuanto al civil/administrativo, es un área en el que las tramas de corrupción se sienten cómodas, porque gracias a años de experiencia en puestos de la administración, han conseguido crear “sobre el papel” tramitaciones que cumplen con todos los requisitos que exige la ley. De hecho, cuando se estudian los expedientes administrativos, a primera vista suelen ser correctos.

Esta capacidad para crear en los documentos generados por cualquier acto de la administración, apariencia de legalidad, permite una cómoda defensa frente a las comisiones de investigación parlamentarias, que se centran como prueba, en la documentación creada por los propios investigados y por lo tanto, salvo error, convenientemente manipulada con el fin de frustrar tanto repercusiones políticas, objetivo último de las comisiones parlamentarias de investigación, como penales y que a lo sumo suelen derivar en faltas administrativas sin mayor relevancia.

Desde mi punto de vista, a la hora de investigar las tramas de corrupción, los expedientes administrativos se convierten en el eje de la misma y se olvidan, o quedan en un segundo plano dos elementos esenciales, a los que denomino “parte práctica” que son más relevantes que esa trama administrativa, a la que denomino “parte teórica”. Estos son el vehículo o vehículos  utilizados por el corruptor para crear la trama delincuencial, que serían los entramados societarios interrelacionados entre sí por medio de partícipes en los consejos de administración. Y el fin único que mueve a corruptos y corruptores, el dinero.

Hasta este momento, el lector se preguntará porque no se ha comenzado de una vez a tratar el título del artículo “Vivienda de Protección Oficial (VPO) ¿la cara oculta de la corrupción urbanística?”; la razón es sencilla, sin las explicaciones anteriores, resultaría no sólo difícil de comprender la trama urbanística alrededor de la viviendas de protección oficial, sino que, la información y los datos que aportaremos posteriormente parecerían elementos inconexos e incluso irrelevantes.

La crisis económica que con tanta dureza ha golpeado a la sociedad civil en España, también ha supuesto una modificación de las áreas de negocio que habitualmente eran campo abierto a la corrupción, como el sector urbanístico, las obras públicas, etc, dirigiendo sus ojos hacia sectores que se mantenían aún vírgenes, este es el caso, de las viviendas de protección oficial, siendo este sector el que va a ser analizado en este artículo.

La compra de viviendas de protección oficial se ha convertido en un jugoso negocio para la iniciativa privada, por ser un mercado estable, con un bajo valor de compra en referencia al mercado libre de vivienda, entre un 30% y un 50% de descuento y una conflictividad media inferior al 10%.

La modificación del objeto de las políticas de vivienda en las administraciones autonómicas y municipales gobernadas por el Partido Popular y el Partido Socialista, ha supuesto quebrar el objetivo mismo de la vivienda social, cuya finalidad es la de establecer medidas específicas para fomentar el acceso a la vivienda protegida, con el objeto de hacer efectivo el principio social establecido en el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Este cambio en la política social ha permitido modificar la figura circular que se comenzaba en la cesión gratuita de terreno público y se cerraba materializando el artículo 47 de la Constitución, con la entrega en propiedad de viviendas dignas, a personas cuyos ingresos nunca les hubiera permitido obtener dichas viviendas en el mercado libre.

La actual política en la vivienda social, elimina la figura en círculo y que promueve la redistribución de la riqueza, por una figura en “C”, que parte desde el mismo punto que la anterior, pero que su objetivo  es la compra a bajo coste por parte del sector privado y la venta con altos márgenes de beneficio, de las viviendas de protección oficial en el mercado libre.

Antes de entrar en los detalles, es necesario dejar claro que las informaciones que reflejaremos en este artículo serán inducciones lógicas, opiniones, hechos basados en pruebas documentales o elementos presentados ante sede judicial. En cualquier caso, siempre prevalecerá y se respetará el principio de presunción de inocencia, derecho fundamental protegido por la Constitución española.

El negocio de la vivienda de protección oficial comienza, casi desde el primer momento, mediante la contratación de empresas constructoras “afines al gobierno” del municipio o de la autonomía.

Una vez construidas las viviendas, la promoción y venta, se adjudica a empresas “igualmente afines” a los gobiernos de turno o  que están relacionadas  a través de entramados societarios y coincidencias en los Consejos de Administración, con los fondos Buitres que finalmente se hacen con la gestión y compra de las Viviendas de Protección Social.

Pondré un ejemplo de promotora de VPO relacionada a través de su Consejo de Administración con el Fondo Buitre de Goldman Sachs, que es el mayor comprador/gestor de viviendas de VPO.

Es el caso de “LAZORA”, cuyo socio mayoritario es   “AZORA”, sociedad para España de Goldman Sachs. LAZORA, promovió VPO en Collado Villalba, Madrid, Aranjuez, Móstoles y Robledillo de Java.

Un segundo ejemplo, sería el del Fondo Buitre Blackstone, a través de su representación en España “FIDERE” y que promocionó la venta de VPO mediante el uso de múltiples empresas vehículo como EGICAN PLAN JOVEN en Getafe y Móstoles, HERCESA INTERNACIONAL en Torrejón de Ardoz o HERCAM VIVIENDA TORREJÓN en Alcalá de Henares.

Estos tan sólo son unos pocos ejemplos de la relación entre las empresas compradoras de viviendas de VPO y la promoción, con los titulares que cumplían con las condiciones para ser propietarios de una vivienda de VPO.



Para hacernos una idea del negocio de las viviendas de VPO para los Fondos Buitre, no tenemos más que acudir a las cifras que hemos podido contrastar. En el caso de Goldman Sachs, posee según el testimonio del Sr Gumuzio, presidente del Grupo Azora, 12.000 viviendas y en el caso de Blackstone a través del Grupo Fidere, 2.668, por lo que al menos 14.668 viviendas de VPO, son propiedad en España de los Fondos Buitre.



Para más información sobre estos entramados societarios, recomiendo que se visite la página web de CORRUPTIL.COM que desarrolla estos aspectos de la trama de las Viviendas de Protección Oficial de manera exhaustiva y muy bien documentada.

Una vez construidas las viviendas y promocionadas, entraríamos en una parte del negocio que gira alrededor de las VPO, completamente desconocido, me refiero al negocio que hace la banca española con estas viviendas y que creo que probablemente sea único en el mundo. Me refiero a la TITULIZACIÓN de los Créditos Hipotecarios concedidos para la compra de Viviendas de Protección Oficial.

Para comprender este despropósito, debemos retrotraernos al año 2005, en dicho año el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprueba un Plan especial de construcción de viviendas de VPO y que dará lugar al negocio que hemos explicado con anterioridad, respecto a las constructoras y a las promotoras. El problema del Plan de 2005-2008 es que finaliza en pleno estallido de la actual crisis  económica provocado por la Burbuja Inmobiliaria generada por los bancos y se enfrenta a una situación crítica  en relación a la obtención de crédito y venta de miles de viviendas construidas, cuya financiación resultaba imposible debido a la carencia de liquidez de la banca española y que terminaría provocando el rescate por parte de la Unión Europea de la misma, provocando una política de recortes, que sumiría a España, en el actual estado de desigualdad que vivimos en estos momentos.

En el segundo mandato de Zapatero, el gobierno intenta por un lado, encontrar la financiación necesaria para dar salida a este enorme parque de viviendas de VPO y por otro lado, mantener una visión ficticia del estado de quiebra de la banca española. La solución que encuentran es promover un segundo Plan de vivienda, el 2009-2012, con una dotación de 6.000.000.000 de euros.

Lo extraordinario de este plan de vivienda es que utiliza al ICO como avalista del 100% de cada una de las emisiones de bonos, con garantía hipotecaria de viviendas de VPO vendidas por la banca y cuya ejecución del aval se realiza de inmediato con la mera presentación de la comunicación escrita de “Notificación de Ejecución”.

Este aval del ICO, en términos reales, supone el uso opaco del dinero público, para encubrir un rescate directo de la banca evitando hacer público dicho rescate y por lo tanto, manteniendo la ficción de la existencia de una banca en España sin problemas de liquidez y con la liquidez necesaria para hacer frente a la crisis económica.

Al ser un tema complejo y por lo tanto largo de explicar, he decidido desarrollarlo en al menos tres partes para que su lectura sea más cómoda.


El segundo artículo desarrollará al asunto de las Titulizaciones y el tercero, presentará un ejemplo real, de todo lo desarrollado. Este ejemplo, será el de la venta de 2.935 viviendas del IVIMA, al Fondo Buitre Goldman  Sachs, por medio de Azora y posteriormente por Encasa Cibeles.
 
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