Candidato independiente primarias Ahora en Común Cantabria

Aumentando mi implicación personal e intentando buscar más haya del activismo de las redes sociales, he decidido presentarme a las primarias de Ahora en Común Cantabria al Congreso.
Estos poco días de campaña, este espacio, para explicar algunas de las acciones que quisiera emprender si fuera elegido.

Esta primera explicación parte de dos preguntas que un usuario me ha hecho, L.V y que creo que son de enorme interés, por que voy a responderlas de la manera más clara que pueda e intentando explicar mi visión y las medidas a tomar.

Reproduzco la respuesta que le he dado y espero pueda abrir un debate fructífero.

Estas son las preguntas:

“Luis Valor Cuadrado El Estado español, que viene presentando en los últimos años elevados déficits fiscales, presenta un gasto público excesivo que debería reducir si no quiere acabar en quiebra. El gasto público hay que reducirlo hasta que sea cubierto por los ingresos fiscales con el objetivo de suprimir o reducir a su mínima expresión el déficit presupuestario. Gregorio ¿qué propuestas tienes elaboradas para desmontar esta falacia?”

“déficit fiscal expresa que la administración pública en cuestión tiene más gastos que ingresos. Para reducir o incluso revertir este diferencial, lo que hay que hacer es disminuir los gastos, aumentar los ingresos, o ambas cosas a la vez. Y ¿cómo argumentarías para hacer entender a los posibles votantes de AC esta irracionalidad, para poder contrarrestarla?”

El equilibrio presupuestario del Estado español ha resultado una tarea aparentemente imposible para los diferentes gobiernos que hemos tenido que sufrir desde el nacimiento del régimen del 78.
Los gobiernos han justificado el déficit o bien o la necesidad de sustentar y mejorar “el estado de bienestar” o para cumplir los compromisos adquiridos y generar una supuesta recuperación económica.

Ambas justificaciones generales son falsas y encubren una realidad oculta de régimen del 78 que gira en torno a tres claves esenciales, la corrupción, la protección de los grandes patrimonios/corporaciones y una ausencia consiente de una política económica bajo la guía/ordenes de Alemania (+otros) cuyas consecuencias son la desindustrialización de España y la inexistencia de sectores de valor añadido que compitan con economías potentes y centradas en el mercado exterior.
Puede que resulten extraños los motivos del párrafo anterior y quizás puedan parecer que carecen de conexión con el déficit público, pero espero poder aclararlo en las siguientes líneas.

Cuando hablamos de “corrupción” casi siempre nos centramos en aspectos judiciales y concentramos el foco de atención en una persona en concreto, en uno o varios partidos políticos o en algunas instituciones, pero la corrupción tiene repercusiones que van más lejos de lo dicho anteriormente, la corrupción no sólo es el síntoma de la enfermedad del régimen del 78, sino que es la sangre que le alimenta.

La corrupción supone en primer lugar supone dedicar recursos ilimitados (limitados por el Presupuesto+déficit) para sustentar y enriquecer no sólo a las grandes corporaciones españolas a través de la obra pública multiplicando un “presupuesto original calculado por debajo de los costes reales, con el fin de justificar su adjudicación y eliminar a los competidores” y que tiene como consecuencia un aumento exponencial de dicho presupuesto que englobaría los costes reales, el gasto en corruptelas, más un beneficio a gusto del corruptor.

Esta corrupción no sólo se da a nivel estatal y de grandes obras, sino que recorre toda la estructura política de nuestro país y va desde las diputaciones, hasta los ayuntamientos independientemente de su tamaño.

El carácter sistémico de la  corrupción  en España no sólo se queda en el ámbito de la obra pública, sino que florece en la compra de suministros con el correspondiente sobrecoste, en la externalización de servicios públicos con la deficitaria gestión privada, sumando un nuevo sobrecoste al erario público, etc, etc…

Creo que no es necesario poner ejemplos porque son de sobra conocidos y las portadas de los periódicos están y estarán plagadas de ellos.

En segundo lugar, la corrupción no sólo se mueve en áreas visibles, también repta en zonas menos visibles para la ciudadanía y los medios de comunicación como son el tratamiento fiscal de las grandes empresas, los apoyos encubiertos del estado mediante el uso de la emisión de deuda pública o la modificación de leyes que provocan la huida en masa de los inversores extranjeros interesados en invertir en la economía real y no en la especulativa.

Es conocido por la opinión pública que si bien las grandes empresas si bien en el impuesto de sociedades el tipo nominal en España es del 30% y hacienda nos vende que el supuesto pago real o tipo efectivo es del 20%, la realidad se aleja bastante de dichos números siendo el tipo medio efectivo del 8%/9%.

Como digo, esto es lo que más o menos sabemos sobre el impuesto de sociedades de las grandes corporaciones, pero existen unos mecanismo de ingeniería financiera creados entre el Ministerio de Economía y el de Hacienda que son menos conocidos y casi desconocidos por la ciudadanía que hacen que los bancos paguen por debajo del 1% de tipo efectivo y que además impactan en el aumento de la deuda pública, por lo tanto también en el déficit público por los intereses que generan. Este mecanismo de ingeniería financiera se denomina “Crédito Fiscal” en todo el mundo, pero en España con el fin de ocultar aún más si cabe su existencia se ha denominado por parte del Ministerio de Hacienda “créditos exigibles Frente a la Administración Tributaria

Este invento tributario convierte España en un paraíso  fiscal para el sistema financiero español y desequilibra disminuyendo los ingresos fiscales del Estado provenientes del Impuesto de Sociedades.
Sólo voy a dar un par de cifras como ejemplo obtenidas de los Test de Stress de 2014 a la banca española de 2014.

Al Banco Santander se le asignaron en 2014 26.739 millones de euros en créditos fiscales y 7.148 millones de euros en Activos Fiscales Diferidos (estos DTA son desgravaciones); al BBVA 8.034 millones de euros y en DTA 1.057 millones de euros; Caixa .341 millones de euros, DTA 5.841 millones de euros.

Esto créditos fiscales se restan de la base liquidable de cualquier impuesto estatal (no municipal, ni autonómico) por lo él ya escaso 8%/9% que pagaban en el Impuesto de sociedades y el IVA que les pueda afectar simplemente desaparece.

Además del daño que provocan en la recaudación, los créditos fiscales tienen impacto en la deuda púbica y en el déficit público.

Estos créditos fiscales además de eximir del pago de impuesto a la banca española, tienen la cualidad de poder sumarse al capital del banco, lo que se llama Tier, pero para que sean parte de dicho capital, el Estado debe respaldarlos o avalarlos mediante la emisión de deuda pública y cuyos intereses no recaen en la banca, sino en los presupuestos generales.´

Esta emisión de deuda pública no sólo se limita a los créditos fiscales sino que el actual gobierno la amplia como aval a emisiones de deuda creadas por los propios bancos.

No quiero extenderme en este asunto que ya he tratado en mi blog “Economía Ciudadana”, si quieres más información te remito a los artículos que he escrito.

La última consecuencia de la corrupción es “la inseguridad jurídica”, esta frasecita que de vez en cuando parece llenar la boca de los voceros de los partidos del régimen del 78 como argumento en contra de partidos de nueva hornada, curiosamente su significado y sus consecuencias son diametralmente opuestas a los argumentos de régimen.

Como ya he dicho anteriormente, una de las características de la NO política económica de los partidos que han gobernado España es el uso continuado de la corrupción como herramienta que distorsiona el mercado y por lo tanto la economía real. Este uso de la corrupción es una herramienta tan potente que promueve las inversiones extranjeras especulativas y hace huir a los inversores interesados en generar tejido productivo y con valor en la economía real por lo certeza que si se consigue invertir en España saltando los obstáculos de la corrupción, el clientelismo, etc, el gobierno creara la legislación necesaria para que dicha inversión termine siendo ruinosa.

Te pondré un solo ejemplo, cuando se cambió la legislación sobre las energías renovables para eliminar la competencia a que suponían para las empresas hidroeléctricas españolas ( no olvidemos el favor del déficit tarifario que hasta el momento ha costado 21.000 millones de euros) , la mayoría de los inversores extranjeros (y nacionales) cerraron sus empresas en España y dejando de invertir.

La consecuencia directa de este nuevo favor del Estado español a las hidroeléctricas es que en estos momentos España encabeza el ranking mundial con 23 demandas en el Tribunal de arbitraje del banco Mundial y que se rige bajo en mecanismo ISDS por incumplimiento del Tratado Internacional sobre la Energía firmado por España.

La consecuencia de esta inseguridad jurídica es que la media de indemnización de este tribunal es de 900 millones de dólares y que si todas las demandas (hasta ahora presentadas) fueran exitosas, España tendría que pagar indemnizaciones entorno a los 20.000 millones de dólares, un 2% del PIB a cargo de los presupuestos públicos.

¿Qué medidas tomaría para buscar un reequilibrio de la fiscalidad de España?

Es evidente, que si tuviera la oportunidad de decidir sobre la política fiscal, una primera mejora sería como consecuencia de la entrada de las nuevas fuerzas ciudadanas en la política y que se reflejaría en la gestión del dinero público.

Sólo este cambio modificaría el orden de prioridades del gasto y la gestión de los recursos públicos mejorando el rendimiento de recursos como están demostrando en el Ayuntamiento de Madrid.

Pero esto no es suficiente y con el paso del tiempo los ideales tienden a relajarse y no hay mejor recordatorio para una gestión relajada que la existencia de mecanismo de control externos que impidan o al menos dificulten la corrupción.

El primero de ellos es una auditoria ciudadana de la deuda y de las cuentas públicas que se realizaría todos los años.

Segundo, Ley de Transparencia de las finanzas públicas. Esta Ley obligaría a todas las instituciones públicas y empresas públicas a publicar de manera actualizada todos los movimientos de las cuentas bancarias de las que son titulares.

Esta medida, que ya ha sido propuesta en Andalucía permitiría a la ciudadanía vigilar el uso del dinero público.

Evidentemente, este acceso a la información no debe ser pasivo, sino que necesita de la creación de una “Oficina de Control Ciudadano” con plena capacidad de investigación que compruebe y acredite las denuncias realizadas por los ciudadanos, colectivos sociales, etc.

Pero si bien estas medidas pueden ser muy efectivas, iría más allá promoviendo la creación de un banco público, no comercial que fuera  quien gestionara todo el dinero público y que dependiera orgánicamente del Ministerio de Hacienda.

La creación de este banco público, no comercial tiene múltiples ventajas, la primera es que evitas la existencia de miles de cuentas en diferentes bancos privados que suponen una dificultad evidente a la hora de controlar hacia donde se dirige el dinero público.

El unir en una sola institución la gestión del dinero público permite utilizar programas informáticos que detecten posibles operaciones sospechosas.

La gestión de lo público, desde lo público y mediante una institución autónoma  permite una mejor gestión del crédito a la economía real que ahora está congelada en los bancos privados.

Dos ventajas añadidas son, la disminución de influencia de la banca sobre el Estado y la retirada de los recursos públicos de la banca privada supone reducir el tamaño de la banca facilitando una futura quiebra de una institución financiera.

En la parte fiscal, derogaría de inmediato los Créditos Fiscales y los DTA para el uso del sistema financiero.

Reformaría la legislación fiscal con el fin que la ingeniería financiera “ad hoc” creada para el beneficio de las grandes empresas, patrimonios y sistema financiero se redujera para acercar lo más posible el tipo nominal y efectivo del impuesto de sociedades.

Utilizaría la figura de los créditos fiscales a la pequeña y mediana empresa, dotándola de la liquidez necesaria para sanear sus cuentas y realizar inversiones productivas.

Modificaría las licitaciones, los contratos de suministros y obra pública de la administración para evitar el aumento constante de los presupuestos  y mediante sanción administrativa o penal, aquellas empresas que actuaran de mala fe, podrían llegar a ser sancionadas de manera indefinida con la prohibición  a las licitaciones públicas.

Espero que esta respuesta, bastante amplia y que se puede desarrollar más te haya respondido a tus dos preguntas.


Un saludo y gracias por colaborar en que se conozca mejor las propuestas que plateo para mi elección en las Primarias para el Congreso de Ahora en Común Cantabria.


 
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