TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (TTIP): REGULATORY ASPECTS


La Comisión Europea ha conseguido focalizar la atención de los movimientos sociales contrarios al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones, TTIP, en aspecto un fácilmente sustituible como es el Mecanismo de Defensa del Inversor, ISDS, como ya ha demostrado el “REGLAMENTO (UE) Nº 912/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014”, evitando que la lucha se centre en el verdadero caballo de Troya del TTIP que es el relacionado con la Coherencia Reguladora, y que no sólo supone un simple capítulo dentro del TTIP sino que lo afecta transversalmente afectando a todos los capítulos sin excepción del Tratado Transatlántico y afectando no sólo a lo negociado hasta ahora en el TTIP, sino que se extenderá “sine die” en el tiempo a cualquier supuesta barrera regulatoria, sobre cualquier tema que apareciera en el futuro, forme o no forme parte del TTIP.

Esta Coherencia regulatoria puede ir desde la normalización en ambos lados del atlántico de las dimensiones de las tuercas, a normalizar los derechos laborales , medioambientales o sociales ya que pueden suponer una barrera técnica al comercio, o como les gusta llamarlas a los burócratas que negocian el TTIP, barreras no arancelarias TBT(acrónimo en inglés).

Si bien soy consciente de la complejidad de las barreras no arancelarias intentaré al menos realizar un acercamiento lo más sencillo posible a este asunto con los datos que poseemos, que son pocos.

Para que nos hagamos una idea de la importancia de las TBT y de la trasnsversalidad de la regulación es que las dos partes en negociación del TTIP, Estados Unidos y la Unión Europea han dedicado la 8ª Ronda de negociaciones a este asunto y piensan dedicar tanto la 9ª en abril y la 10ª en Julio a crear un documento consolidado sobre la regulación.

Los datos de los que partimos son la Regulación son el documento filtrado sobre la posición general de la Unión Europea en materia Cooperación Reguladora y que incluimos en sus dos versiones en este artículo.

Dicho documento es de carácter general y aunque de él se pueden sacar algunas conclusiones, mi sensación es que es más un documento filtrado a propósito para mostrar que el firme propósito de la Comisión es mantener los más altos entandares y la defensa de los derechos ciudadanos ya adquiridos en materia civil, laboral medioambiental, sanitaria, etc.

¿Por qué digo que esta filtrado a propósito?
Porque justo se corta cuando comienza uno de los apartados más problemáticos que es la definición de las competencias del Consejo de Cooperación Regulatoria, RCB. Esto nos impide certificar que dicho Consejo o bien los Consejos sectoriales tomarán decisiones de carácter vinculante que impidan a los Parlamentos nacionales legislar en aquellas materias que consideren como barreras no arancelarias al comercio, ya sean técnicas o no.

La segunda fuente de información en la que me baso son las Jornadas sobre aspectos regulatorios organizadas por el Comité de Comercio Internacional y el Comité Jurídico de manera conjunta del Parlamento Europeo.

En dicha jornada tenemos la posibilidad de escuchar los puntos de vista de diferentes expertos, incluido un miembro del equipo negociador de la Comisión. Si bien es cierto que no se aclaran demasiadas cosas, si que su pueden sacar algunas conclusiones.

El vídeo de esta jornada forma parte de este artículo y lo he subido doblado al español, por los interpretes del Parlamento Europeo.

Entremos en materia, ¿en qué consiste la cooperación regulatoria?

Según la Comisión, la Cooperación Regulatoria busca una coherencia normativa que elimine incompatibilidades innecesarias o duplicidad de pruebas. En definitiva, busca una coherencia normativa a ambos lados del Atlántico que permita eliminar las barreras técnicas, reglamentarias o procedimentales que obstaculizan el libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea unificando criterios que sean válidos para ambas partes.

Esta normalización de normativa (que en Europa es de carácter legislativo) tendrá la cualidad según la Comisión, de respetar la soberanía legislativa nacional y Europea, lo cual de por si, resulta sorprendente porque tanto en el documento filtrado como en las declaraciones de Bercero en la conferencia de prensa dada al final de la 8ª ronda de negociación afirman que el Comité de Cooperación Regulatoria funcionará como un mecanismo de alerta temprana frente a cualquier intento de introducir algún supuesto tipo de barrera regulatoria y que según han afirmado diferentes fuentes de la Comisión dichas nuevas barreras nunca llegaran a formar parte de la legislación europea.

Entonces me pregunto ¿cómo es posible mantener la soberanía Regulatoria de los parlamentos si existe un organismo no democrático como el Comité de Cooperación Regulatoria que determina cuando algo es una barrera no arancelaria para el comercio y que obliga a eliminarla si la considera barrera?

Esta es una de las muchas contradicciones que no son capaces de explicar desde la Comisión Europea.

Si bien por un lado la Comisión mantiene que existe soberanía plena de los estados en materia legislativa y que las decisiones del Comité de Cooperación Regulatoria no son vinculantes. Por otro lado afirma taxativamente que no se permitirá ni una sola nueva barrera. ¿quién lo va a decidir?

La respuesta está de manera indirecta en el el documento filtrado sobre Cooperación regulatoria y en el acuerdo con Canadá, CETA.

En el caso del CETA, sabemos que los Comités de Cooperación Regulatoria sectoriales tendrán la capacidad de tomar decisiones vinculantes en ciertos asunto técnicos predefinidos en el propio acuerdo.

El documento filtrado, en ese sentido nos da una pista interesante cuando afirma que ante dos interpretaciones diferentes sobre una norma, prevalecerá la interpretación de Comité Sectorial.

Como podemos comprobar, la soberanía de los parlamentos queda anulada cuando un organismo no democrático toma decisiones legislativas sobre las que carece de legitimidad.

De ¿dónde proviene la pérdida de soberanía de las instituciones democráticas europeas en su labor legislativa?

La respuesta a esta pregunta esta basada en el modelo americano de regulación. En dicho modelo, las regulaciones son medidas administrativas tomadas por organismos reguladores que según el sector pueden ser públicos o privados.

Esta forma de regulación supone un choque frontal con el modelo europeo donde todos los organismo reguladores son públicos y cumplen los reglamentos emanados del poder legislativo través de su aprobación en los correspondientes parlamentos.

Esta pérdida de soberanía y protección de los ciudadanos, pone en la cuerda floja “El Principio de Precaución” inexistente en los Estados Unidos y que establece: si existe la posibilidad de algún riesgo, deberá ser el productor quien demuestre la seguridad del producto, justo al contrario que en Estados Unidos, donde prevalece el principio de que todo es correcto hasta que se demuestra lo contrario y si se consigue demostrarlo, la opción que se abre es una demanda civil en la que por un lado esta la gran compañía con presupuesto abierto para contratar a los mejores abogados y el usuario con mínimos recursos. Una lucha desproporcionada de David contra Golihat.

No es difícil suponer que “El Principio de Precaución” termine siendo considerado en sí mismo una barrera no arancelaria una vez que el TTIP este firmado.

Una vez dicho lo anterior es necesario apuntar que la Comisión niega que vaya a ser eliminado “El Principio de Precaución” pero la experiencia nos dicta que la Comisión no tiene porque cumplir sus promesas y para que se vea mejor pondré un ejemplo relacionado con el Servicio Público de Suministro de Agua.

Me refiero a la Directiva sobre el la licitación internacional de los servicios sobre el Agua que hace un par de años la Comisión Europea aprobó y que una iniciativa europea ciudadana consiguió retirar.

Habría que suponer que este tipo de licitación internacional sobre el agua no volvería a aparecer pero resulta que reaparece por la puerta de atrás de la mano del CETA y del TTIP contraviniendo la clara voluntad ciudadana y democraticamente aceptada de mantener este servicio público al margen del comercio privado. Este simple ejemplo me hace pensar que la Comisión Europea una vez aprobado el TTIP modificará cualquier precepto legal que sea necesario, aunque se haya prometido no hacerlo.

Este caso además, me viene muy bien para explicar que las licitaciones internacionales permiten el acceso a los Servicios Públicos tales como el agua, la sanidad, educación, explotación de recursos naturales, etc, son parte integrante del TTIP, y suponen una modificación sobre la regulación en los concursos públicos y los procedimientos administrativos al no estar bajo el paraguas de la legislación europea, por lo tanto no están obligadas a cumplir las normas laborales o medioambientales que los concursos nacionales o europeos, si están obligados a cumplir.

Abundando en la pérdida de soberanía de las instituciones democráticas

La nueva normativa regulatoria nacida del TTIP es en sí misma carece de legitimidad, no sólo como ya hemos dicho porque no es aprobada por un Parlamento, sino porque sus decisiones son irrevocables. Esto supone que una vez aprobada la decisión no se puede dar marcha atrás.

Este sencillo concepto de revocabilidad de una decisión que forma parte del normal funcionamiento de las instituciones democráticas, resulta un acto imposible en el TTIP y más en concreto en el campo de la cooperación regulatoria.

Esta irrevocabilidad no supone un impacto negativo cuando hablamos de la métrica de las tuercas, pero si lo es cuando hablamos de la privatización de los Servicios Públicos.

La clave de la actuación de la Comisión respecto a los Servicios Públicos nos la da el Parlamentario Axel Voss del CDU alemán cuando intenta explicar que servicios públicos como el agua no estarán afectados por el TTIP, excepto que hayan sido privatizados.

Este lapsus en la justificación de Voss nos indica, que cuando se privatiza un servicio público quedará definitivamente en el ámbito privado y se regirá bajo los procedimientos y regulaciones que se estipulen en el Comité sectorial de Regulación sobre licitaciones públicas.

Además se deduce una novedad en el TTIP que yo no conocía y es la introducción de la lista negativa.

Me explico, las negociaciones del TTIP comenzaron basándose en los criterio comunes usados por la Organización Mundial del Comercio y que establecen que aquellos apartados que no forman parte de la negociación de forma explícita, no estarán afectados por los términos del tratado comercial.

Por lo visto, la Comisión Europea ha optado por cambiar la estrategia de negociación y ha decidido introducir el criterio de lista negativa que se usa en la negociación del Tratado de Servicio TiSA y que supone que sólo queda fuera del Tratado aquellos capítulos que sean excluidos explícitamente mediante su incorporación a una lista negativa.

La consecuencia de este giro en la negociación es que todo, ya sea mencionado en el TTIP o no quedaría afectado por el Tratado y tan sólo quedaría fuera aquellos aspectos que aparecieran en la lista de excepciones.

De nuevo, la Comisión Europea vuelve a poner los derechos de los ciudadanos a los pies de los caballos de las corporaciones no protegiendo los más sectores sensibles e igualándose con los Estados Unidos a través de los comités sectoriales de regulación en prevalencia de la autoregulación de las propias empresas, frente al control exterior de los organismos públicos.

¿Quien pagará la factura del cambio de normativa regulatoria y procedimental?

Unos días ates escuchando en una sesión del Comité de Comercio Internacional, INTA a los expertos acerca del enorme coste que supondría crear tribunales europeos específicos para dictar sentencias dentro del ámbitos de la Unión Europea sobre las discrepancias entre los inversores internacionales y los Estados, mientras que en relación a los costes del cambio radical de la normativa reguladora y procedimental no he oído ni una sola palabra.

Es curioso que el apartado de Cooperación Regulatoria que supondrá el gasto de cientos de millones de euros y el trabajo de innumerables técnicos y funcionarios no suponga ningún problema.

Ah claro, no me había dado cuenta, lo vamos a pagar todos los ciudadanos europeos con nuestros impuestos y se van a beneficiar las corporaciones sin gastar ni un sólo céntimo.

Parece que los políticos tienden a aplicar siempre la misma escala de sacrificios para los ciudadanos y los beneficios para las corporaciones.

En conclusión y utilizando un paralelismo con la medicina, la Protección al Inversor, ISDS sería un síntoma de la autentica enfermedad que sería la Cooperación Regulatoria Sectorial.

Nota: Hoy la Comisión ha publicado la propuesta sobre Cooperación Regulatoria que se había filtrado la semana pasada. ¿No es raro, raro, raro?


Os incluyo el documento “original” publicado en la página de DG Trade sobre el TTIP


 
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